Cinco años después del violento intento de golpe de Estado en Nicaragua, el país está celebrando su recuperación: la paz ha vuelto, la economía está creciendo, el gobierno sandinista reelegido en 2021 está invirtiendo fuertemente en servicios públicos. Pero es importante recordar lo que ocurrió en 2018 y el enorme daño deliberado que se hizo al país. La oposición de Nicaragua, presionando para obtener apoyo en Washington, espera que sus horrendos actos se olviden. Este artículo describe en detalle uno de los muchos incidentes de violencia extrema. Ocurrió en Masaya, una de las ciudades más importantes de Nicaragua, escenario de muchos crímenes horrendos cuando estuvo controlada por matones de la oposición durante varias semanas en 2018.
La historia comienza un mes antes del incidente que voy a describir. Vivo en la ciudad, y había escrito en mi diario que "el sábado 12 de mayo debe contarse como el peor día en Masaya desde el terremoto del año 2000." La noche anterior, unos vándalos de la oposición habían destruido la casa de la ex alcaldesa, y luego incendiado la alcaldia, un antiguo edificio colonial que albergaba también el Museo de los Héroes y Mártires de la Revolución de Masaya. Los tranques de la oposición que habían surgido en las calles de Masaya en abril habían sido despejadas a principios de mayo, a menudo por la población local, pero se volvieron a levantar, deteniendo el tráfico en la mayor parte de la ciudad y poniendo las calles bajo control de la oposición. A pesar de ello, los medios de comunicación corporativos y los comentaristas de Estados Unidos siguieron a los medios locales de derechas y culparon de los violentos ataques a los jóvenes sandinistas o a la policía, en lugar de a las turbas de la oposición, que eran los verdaderos responsables.
Pronto el control de la ciudad por parte de la oposición se hizo total. Durante un "diálogo nacional" auspiciado por la iglesia católica, el gobierno ofreció confinar a la policía en sus comisarías y ordenarles que no devolvieran los disparos de la oposición. A cambio, la oposición debía desmantelar los tranques, pero en lugar de eso las aumentó. Se incendiaron muchos más edificios, entre ellos el mercado turístico y la principal escuela secundaria, en la que estudian más de 3.000 alumnos. Las tiendas del centro de Masaya fueron saqueadas y la mayoría cerraron sus puertas. A principios de junio, uno de los pocos edificios municipales importantes que quedaba intacto era el plantel o depósito de la ciudad, que albergaba varias oficinas y donde se guardaban todos los vehículos del municipio junto con la mayoría de sus suministros, incluido un almacén con materiales para emergencias como terremotos.
El alcalde, entonces escondido, había ordenado que el plantel estuviera vigilado a toda costa. Pero esto se hizo cada vez más peligroso: los trabajadores eran atacados en la calle cuando iban y venían del trabajo. Así que se pidió a una docena de miembros del personal de seguridad que se quedaran de forma permanente, comiendo y durmiendo allí mismo. Estaban armados y podían protegerse. Entonces, el 12 de junio se recibió un aviso de que un ataque era inminente: los funcionarios tenían que decidir cómo responder.
Mis amigos Roberto José Raydez García (conocido como "Tito") y Reynaldo José Urbina Cuadra ("El Chele"), estaban a cargo de la seguridad en el plantel y retoman la historia. Me contaron que, mientras los guardias planeaban su defensa, recibieron el mensaje de que el presidente Ortega les había ordenado que no devolvieran el fuego, que intentaran minimizar el número de heridos. Así que, en lugar de eso, escondieron cuidadosamente la mayoría de las armas. Al personal se le dio la opción de irse a casa pero, según explicó Tito, encargado de la seguridad, todos decidieron quedarse porque "si íbamos a morir, íbamos a morir juntos, con las botas puestas".
El miércoles 13 de junio por la tarde, una enorme muchedumbre — se calcula que unas 500 personas — la mayoría con morteros caseros, pero también muchas con pistolas, escopetas y AK47, rodeó el plantel por todos lados. Varios proyectiles de mortero estallaron cuando la gente irrumpió por las puertas principales. Primero intentaron prender fuego a un depósito de gasolina. Después tiraron al suelo a todos los guardias y empezaron a robarles todo lo que tenían, incluida la paga que acababan de recibir. Se llevaron las llaves de sus motos personales. La pistola personal de Tito fue confiscada y más tarde se descubrió que la llevaba el líder de la oposición Santiago Fajardo, cuando fue detenido dos meses después.
Tito intentó hablar con los líderes. Dijo que si iban a saquear el plantel, debían dejar los vehículos intactos, porque quienquiera que controlara el municipio en el futuro los necesitaría para mantener la ciudad. No le hicieron caso. Empezaron a desmontar los vehículos, llevándose las piezas de valor, incluidas las ruedas, pero rompiendo ventanas e incendiando algunos de ellos. Se llevaron todos los suministros de la oficina y de los almacenes — computadoras, papel, arroz, cemento, colchones para casos de emergencia — cargaron todo lo que se podía mover en las carretillas que utilizaban los trabajadores para limpiar las calles y lo robaron. Tito calcula que robaron o destruyeron 36 vehículos y siete motocicletas. No quedó nada intacto.
Vehiculos destruidos durant el ataque.
Se llevaron a la mayoría de los guardias, pero se quedaron Tito y El Chele, los dos encargados, y luego los separaron. Tito cuenta cómo empezaron a interrogarle y torturarle. Le preguntaron repetidamente dónde estaba el alcalde porque querían encontrarlo y matarlo. Empezaron a golpearle en la cabeza con un mortero casero (un tubo de acero), a abrirle la cabeza y a ponerle pistolas en la cabeza, incluida una AK 47.
Después de no conseguir nada con Tito, lo llevaron a la iglesia de San Jerónimo, golpeándolo todavía en el camino, diciendo que lo dejarían con los curas. La iglesia estaba vacía y también la casa del cura, así que en vez de eso llevaron a Tito a uno de los tranques y empezaron a discutir si simplemente lo matarían. Tito dice que sabía que "iría con Dios": no había hecho nada malo y moriría con la conciencia tranquila.
Pero en lugar de eso, uno de los miembros del grupo empezó a curarle las heridas, diciéndole que tenía que ir al hospital porque sangraba mucho. "Si mueres en la calle", dijo, "esto va a quedar mal en las redes sociales". El grupo empezó a discutir sobre si liberarlo o no, pero finalmente lo hicieron. Sin embargo, para llegar a un lugar seguro, Tito tenía que pasar por delante de los que controlaban la carretera, así que se inventó la historia de que había sido atacado por la policía. Funcionó y le dejaron pasar. A las 17.00 se refugió en casa de la secretaria del alcalde. Ella llamó a su mujer, que le trajo ropa limpia y se lo llevó a casa. Tardó ocho días en recuperarse de la agresión y aún siente los daños en el cráneo.
Los otros guardias también fueron golpeados y llevados a la casa del cura, pero esta vez había un comité de recepción. Uno de los miembros era Álvaro Leiva, del grupo nicaragüense de "derechos humanos" ANPDH, cuyo notorio papel en la intentona golpista ya se ha descrito en Grayzone. Los otros eran sacerdotes católicos: Padre Bismarck Conde y Padre Edwin Román. Preguntaron a los guardias por qué seguían apoyando al gobierno y por qué no dejaban de trabajar para él. Cuando les explicaron que habían sido golpeados por la oposición, les dijeron que debían guardar silencio al respecto si querían volver a casa.
Tito y El Chele mientras estaban secuestrados: la foto fue colgada en facebook, y posteriormente retirada.
El Chele retoma la historia desde el momento en que fue separado de Tito. Después de que les golpearan con tubos de mortero de acero, ordenaron a El Chele que mostrara a sus atacantes dónde habían escondido las armas los guardias de seguridad. Él se negó. Dice que, en ese momento, cuando le estaban interrogando, ocho líderes del grupo iban vestidos completamente de militares, con botas del ejército, camuflaje, pasamontañas y gafas de sol, y llevaban AK47, uno de ellos nuevo. Le llevaron a la sala de reuniones del plantel, donde empezaron a interrogarle de nuevo, preguntándole "¿dónde están las armas, dónde está el alcalde?".
Entonces empezó la tortura: le tendieron en el suelo, le golpearon una y otra vez en el brazo izquierdo con la culata de la escopeta y continuaron interrogándole agresivamente mientras el dolor se hacía insoportable. Querían saber dónde guardaba la alcaldía los documentos de los contratos, sobre los movimientos del alcalde y sobre cualquier plan que tuviera la policía para relevar a Masaya ("¿qué mierda piensa hacer la policía?").
Después lo sacaron del plantel, vigilado por una multitud de personas que poco podían hacer para ayudar. Frente al plantel hay una clínica, y un médico y una enfermera se acercaron para ofrecer tratamiento médico. El Chele se negó, diciendo que ellos mismos podían ser atacados. Le llevaron a ver al jefe de uno de los tranques, Humberto Macías, que le conocía y accedió a conseguirle un médico.
Lo subieron a lomos de una moto y lo llevaron a un puesto médico clandestino. Allí empezaron a interrogarle de nuevo, siempre las mismas preguntas, a las que se negaba a responder. Le hicieron fotos y las colgaron en las redes sociales, pero dos horas después volvieron a retirarlas. Los mensajes decían que sus heridas eran el resultado de un ataque de una turba sandinista. Los médicos le vendaron el brazo para detener la hemorragia, pero partes del músculo estaban tan dañadas que le colgaban del brazo y no pudieron suturar la herida.
Estuvo allí desde las 15.00 hasta las 17.10 horas. Había intentado ganar tiempo con la esperanza de que se pudieran llevar a cabo negociaciones para su liberación. Luego llegaron Leiva y el Padre Román, con otras personas de la ANPDH, comportándose como si estuvieran al mando. Volvieron a hacer las mismas preguntas: ¿dónde estaba el alcalde? ¿Dónde se guardan los documentos de la alcaldía? ¿Dónde guardan las armas?
Le metieron en un carro y le llevaron a la misma casa del cura donde habían retenido a los demás, pasando fácilmente los tranques. Para entonces estaba cayendo la noche, y a El Chele le preocupaba que, si lo liberaban en la oscuridad, pudiera correr más peligro en los tranques. "Pero puedes irte", le dijeron, "recuerda si preguntan qué ha pasado que no te hemos hecho ningún daño". Sin embargo, El Chele pensó que liberarlo podría ser una trampa — podrían seguirlo y luego atacar también a su familia — así que lo dejaron en la casa cural con el sacerdote (padre José Antonio Espinoza), un médico y dos monaguillos.
A las 21:00 horas le ofrecieron pastillas para controlar el dolor del brazo, pero él vio que eran somníferos y temió que quisieran hacerlo dormir para luego llevarlo a los tranques, matarlo y alegar que lo había hecho la policía. Cuando fingió dormirse, lo pusieron en una cama y lo ataron a ella. Hacia las 2.00 de la madrugada, al ver que la casa estaba tranquila, se liberó, salió al jardín y entró en un almacén de reliquias religiosas. Allí vio grandes sacos llenos de bombas de mortero, una pila de morteros caseros y bolsas llenas de provisiones básicas (arroz, judías, aceite de cocina, etc.).
Sus atacantes no habían encontrado el teléfono que llevaba escondido en los bajos del pantalón, así que hizo una llamada y llegaron dos compañeros sandinistas, consiguiendo pasar los tranques a una hora en la que había poca gente. Estuvo escondido seis días, hasta que la policía liberó esa zona de Masaya y pudo recibir tratamiento médico. "Fueron los seis días más largos de mi vida", cuenta El Chele. Cuando por fin llegó al hospital, era demasiado tarde para salvarle el brazo izquierdo y se lo tuvieron que amputar.
Masaya se vio finalmente aliviada de la violencia opositora cuando los que controlaban los tranques fueron puestos en fuga por una incursión masiva de la policía el 17 de julio de 2018. La policía recibió la orden de no disparar directamente contra sus oponentes si podía evitarlo, y el número de muertos ese día fue solo de cinco, uno de ellos un agente de policía. La alcaldía comenzó a trabajar inmediatamente, reparando las carreteras que habían sido arrancadas para construir barricadas. Los servicios municipales, como la recogida de basuras, se reanudaron en agosto, después de que el gobierno enviara nuevos vehículos. El plantel y su personal volvieron al trabajo y en dos años se habían construido nuevas oficinas para sustituir a las destruidas.
La ceremonia para abrir las nuevas oficinas de la alcaldia.
Tanto Tito como El Chele reconocen que, en muchos aspectos, la política del gobierno fue eficaz: se permitió a la oposición hacer lo peor en Masaya y otras ciudades, y como resultado gran parte del apoyo público que recibían desapareció rápidamente. No obstante, muchos de los que participaron en el ataque al plantel que fueron capturados y condenados fueron liberados en una amnistía del gobierno en 2019. Santiago Fajardo, uno de los varios ahora en libertad, tiene un negocio de reparto a domicilio en Masaya, parece agachar la cabeza y recientemente fue acusado de dividir a la oposición. Algunos de los autores continuaron con las actividades delictivas que realizaban antes de la intentona golpista: Cristian David Meneses Machado, conocido como "Chino Wan", y Jader Humberto González Zeledón, "Comandante Zero", están ambos en prisión por contrabando de drogas. "Comandante Zero" también estuvo involucrado en la horrible tortura y asesinato de un policía, Gabriel Vado, en un tranque en Masaya el 15 de julio de 2018. Otros implicados, como el hermano de Fajardo, Cristian, se encuentran entre los excarcelados ahora exiliados en Estados Unidos o Costa Rica.
Durante la violencia de 2018, las autoridades nicaragüenses hicieron repetidos pero inútiles intentos de relacionarse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU), que supuestamente estaban realizando investigaciones imparciales de los hechos. Todos estos organismos recibieron, pero no prestaron atención, a las pruebas de crímenes de la oposición, incluida una presentación específica sobre el secuestro y la tortura de El Chele, realizada ante la CIDH. El CDHNU, que recientemente acogió la ceremonia de entrega de un importante premio concedido al líder de la oposición Félix Maradiaga, cuenta ahora con un "grupo de expertos en derechos humanos" que trabaja sobre Nicaragua. Su primer informe, de 300 páginas, publicado en marzo de este año, contiene un estudio detallado del caso de Masaya: no menciona el ataque al plantel, y descarta el posterior asesinato de Gabriel Vado en unas pocas palabras. La Coalición de Solidaridad con Nicaragua ha publicado una respuesta detallada y una petición sobre este informe, que hasta ahora ha sido ignorado por el CDHNU y su grupo de "expertos".
La gente de Masaya, especialmente las numerosas víctimas directas de la violencia de la oposición, está enfadada porque la oposición supuestamente "pacífica" de Nicaragua es ahora alabada por los medios de comunicación corporativos y por los organismos internacionales. Organizaciones influyentes como Amnistía Internacional, que despreciaron los crímenes de la oposición, protestan ahora porque más de 200 de los criminales han sido deportados a Estados Unidos, aunque haya sido con el acuerdo explícito de Washington. Decepcionantemente, muchos en la izquierda de EEUU y Europa se tragan esta propaganda, defendiendo a ex sandinistas como Dora Maria Téllez que fueron reclutados por EEUU para organizar y financiar el terrorismo en Masaya y otras ciudades. Sus víctimas — personas inocentes como Tito y El Chele, que simplemente intentaban proteger los logros de la revolución sandinista y los beneficios que había aportado a los ciudadanos más pobres de Nicaragua — son reconocidas como héroes en Nicaragua, pero ignoradas por el mundo exterior.